¿Quién con la cabeza fría puede ocultar los logros de la seguridad democrática?, ni nosotros los de la llamada oposición negamos los aciertos del gobierno en el tema del conflicto contra el terrorismo gracias a esta política de estado, hemos dicho en muchos medios que ella hace parte del patrimonio del país y que el nuevo gobierno no podrá desmontarlo sin enfrentarse a la opinión publica, desmontar esta política de seguridad sería guardando las proporciones como intentar mermar los avances en la gratuidad de la educación o el auxilio a la tercera edad, ellos ya son derechos de los colombianos y sus beneficiarios no permitirán su desmonte. La popularidad del presidente, Álvaro Uribe, es en un alto grado gracias al sentimiento colectivo que por fin un gobierno se enfrentó a las FARC y propicio las condiciones que conllevo al desnudo de la convivencia que por años tuvieron sectores de la sociedad en todos los niveles con las denominadas autodefensas, sus coaliciones para “refundar la nación”, alianzas macabras, masacres dolorosas y hasta practicas Nazis; todo por el prurito de vencer al enemigo, aunque en muchos momentos se desdibujaba el concepto de enemigo. Ningún colombiano olvida los últimos años del gobierno Pastrana, donde las pescas milagrosas se volvieron el común denominador y el concepto de victoria por parte de la guerrilla era considerado por muchos conciudadanos. Después del desgobierno, de la bandera de la paz, el pueblo arropo la guerra sin cuartel como respuesta a aquellos que no acogieron la paz y como esperanza para recorrer libre nuestro territorio. La seguridad democrática le trajo confianza a los inversionistas y creó una idea mental de seguridad, las últimas derrotas a los terroristas dan la sensación de victoria y ello se refleja en la popularidad del presidente. Pero todo tiene su costo, las continuas muestras de fuerza, el acorralamiento de las FARC vienen acompañadas de una medición constante de indicadores hacia los comandantes de regiones, cuyo incumplimiento acarrea más que un llamado de atención público por parte del presidente en sus consejos comunales; esa presión constante, que reemplazó las desautorizaciones para continuar combatiendo del anterior gobierno, aumentaba el estrés de la tropa quién debían mostrar logros frente al alto gobierno, unido a esto está la política de estímulos a los miembros del ejercito que dieran de baja a guerrilleros o a quienes desmantelaran una red de narcoterrorismo o previniera un atentado, estímulos en dinero, en días libres y en ascensos dentro de la carrera militar. Por ello todo los logros de esta confrontación vino acompañada de falsos positivos, de atentados fraguados por miembros de nuestra seguridad pública que posteriormente desmantelaban para presentarse ante la opinión como un éxito del ejercito y, obviamente, degrado en lo denunciado por el propio presidente de la república; de los falsos positivos pasamos a los ajusticiamientos de ciudadanos por parte de miembros de la fuerza pública para ser presentados como dados de baja en combate, la instauración de la pena de muerte por parte de un grupo reducido de nuestro ejercito con el objetivo de obtener los beneficios antes descritos. Risaralda, mi departamento no fue exento de esta tragedia, la Defensoría del Pueblo denuncia 25 jóvenes dados de baja en combate, jóvenes que días antes habían sido declarados como desaparecidos.
Hoy nos enfrentamos hacia la disyuntiva si continuar con la seguridad democrática, que ha servido para enfrentar al terrorismo pero que no ha mostrado logros en la seguridad urbana, y parece que ha propiciado todos estos oscuros acontecimientos, o desmantelarla para preservar los derechos humanos en el país. Mi percepción es que lo que debemos hacer es mejorarla, cambiar los estímulos en la búsqueda de preservar la vida de los conciudadanos y adaptarla para que garantice la seguridad dentro del sector urbano del país. No podemos generalizar el problema, el enemigo no son nuestros generales ni nuestros soldados de la patria, ni nuestras fuerzas armadas; ellos son nuestro aliados para la consolidación de nuestra democracia, del estado social de derecho y como tal deben ser percibidos, debemos combatir unidos al narcoterrorismo y obviamente mandar mensajes claros que en esta confrontación no admitimos ningún abuso de autoridad por parte de ninguna de nuestras fuerzas constitucionales.
JUAN CARLOS VALENCIA MONTOYA
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