Para el Congresista Juan Carlos Valencia, el apoyo a esta iniciativa popular se fundamenta inicialmente en el derecho inalienable de todos los colombianos, el acceso al líquido potable, “El agua no es propiedad de ninguna persona, es feudo de la Nación”, afirmó el representante.
El congresista risaraldense, determinó que Colombia debía ser un estado social de derecho, pues de esta manera, el Estado garantizaría el acceso igualitario al servicio del agua, es decir, también cobija a los más favorecidos; lo que representa entonces, la constitucion declara a Colombia como un Estado Social de Derecho, que garantiza el acceso al servicio del agua, pero protege a los menos favorecidos brindándoles más garantías, persuadiendo la no igualdad en todos los factores.
Frente al proyecto de ley que busca convocar un referendo constitucional que garantice a todos los colombianos el derecho humano al agua potable y así mismo, determine que el líquido es de propiedad de la Nación y no puede ser comercializado por empresas particulares, proyecto respaldado por más de dos millones de firmas, el congresista, determinó que dichas empresas prestadores de este servicio, no pueden por motivos de inversión a mejora de su infraestructura, incrementar las tarifas, pues de esta manera imposibilitan la acción del Estado “Debe existir una tarifa justa; esto no implica abusar del consumo de agua”, explicó Valencia Montoya, de igual forma, dijo que el Estado debe garantizar el mínimo vital de agua para cada colombiano y no permitir que el recurso sea privatizado para su explotación.
El congresista risaraldense, determinó que Colombia debía ser un estado social de derecho, pues de esta manera, el Estado garantizaría el acceso igualitario al servicio del agua, es decir, también cobija a los más favorecidos; lo que representa entonces, la constitucion declara a Colombia como un Estado Social de Derecho, que garantiza el acceso al servicio del agua, pero protege a los menos favorecidos brindándoles más garantías, persuadiendo la no igualdad en todos los factores.
Frente al proyecto de ley que busca convocar un referendo constitucional que garantice a todos los colombianos el derecho humano al agua potable y así mismo, determine que el líquido es de propiedad de la Nación y no puede ser comercializado por empresas particulares, proyecto respaldado por más de dos millones de firmas, el congresista, determinó que dichas empresas prestadores de este servicio, no pueden por motivos de inversión a mejora de su infraestructura, incrementar las tarifas, pues de esta manera imposibilitan la acción del Estado “Debe existir una tarifa justa; esto no implica abusar del consumo de agua”, explicó Valencia Montoya, de igual forma, dijo que el Estado debe garantizar el mínimo vital de agua para cada colombiano y no permitir que el recurso sea privatizado para su explotación.
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